Pérdidas e indolencias

Aimée Cabrera.

En Cuba siguen las pérdidas impagables, esas que nadie sabe cómo ocurren ni quién es el responsable, divulgadas por la prensa oficial en estos últimos tiempos de relativa crítica a lo mal hecho.

Uno de los hechos es el gasto energético debido al consumo eléctrico de cada centro de trabajo. En ocasiones, tanto los dirigentes como los trabajadores desconocen cuánto paga su unidad por ese concepto.

Al no conocerlo, ni preocuparse por ello, se convierten en derrochadores al no tener conciencia de la importancia que tiene el ahorro de energía eléctrica para la nación.

“La soga se rompe por su lado más delgado”, y entonces la población sufre las afectaciones que provocan los apagones que ni son avisados, ni se sabe qué duración tienen.

Lo mismo ocurren al amanecer, un día entre semana en que las personas se alistan para dirigirse a sus trabajos o escuelas, que “se va la luz” a las 7 de la noche, horario en que se está preparando la cena, o los estudiantes realizan sus deberes. Para ningún dirigente es importante que sus trabajadores asuman este aspecto con responsabilidad, otros aspectos de índole política son más importantes.

Otra situación que denota descontrol e indiferencia es la relacionada con la vivienda. A modo general un alto porciento de la población cubana reside en casas o apartamentos que se encuentran en mal estado constructivo, necesitados de arreglos de plomería, albañilería o carpintería.

Para dichos arreglos sus moradores necesitarían sumas de dinero que jamás podrán obtener, pues la mayoría gana muy por debajo de lo que le costaría el total del remozamiento.

Esto sin contar a los que viven en albergues sin un mínimo de condiciones y sin esperanza de volver a tener un hogar. Ahí están los damnificados por los pasos de los huracanes del Milenio cuyas casas en mal estado fueron demolidas, y en 3 o más años, no ha habido una respuesta afirmativa para ellos.

Por eso deja que decir casos como el de las casas del asentamiento costero Playa La Panchita, en el municipio Corralillo en la provincia Villa Clara donde fueron construidas más de 300 viviendas temporales, a cuyos moradores se les autorizó a remozarlas con esfuerzo y medios propios.

Esto dio lugar al robo, al descontrol y al despilfarro de recursos estatales. Los funcionarios del gobierno provincial no detectaron ninguna anomalía. Sin embargo, una inspección de la Fiscalía del territorio detectó que se habían empleado miles de metros de carriles –casi 10 kilómetros de vías en perfecto estado– para confeccionar los pilares o lingotes que, de 80 centímetros, pasaron a medir hasta 10 metros, en fines tales como horcones o columnas.

También detectaron los fiscales que para muchas viviendas se utilizaron crucetas y angulares de las que sostienen las torres de las líneas de alta tensión y postes telefónicos, así como viviendas sobredimensionadas, carencia de títulos de propiedad, y otros certificados y licencias obligatorios para avalar el trabajo de los arquitectos de la comunidad.

Casas como estas se pueden ver en cualquier otra provincia. En la capital aparecen dispersas en cualquier barriada, destacándose por su modernidad y acabado. Resaltan entre hileras de casas y edificios carcomidos por el tiempo y la falta de mantenimiento. Lo mismo se ven en el municipio Playa que en Centro Habana.

Para terminar queda como un caso para Sherlock Holmes la escasez de bolsas de nailon conocidas como jabitas. Las mismas eran usadas para envasar las mercancías en las tiendas recaudadoras de divisas (Shoppings), o eran vendidas a cincuenta centavos en Moneda Nacional en los agromercados estatales.

En poco tiempo, y ya hace unos meses, desaparecieron de todas las tiendas y se resisten a aparecer de manera sistemática. Hay tiendas donde los clientes llevan sus jabas para comprar, no importa si son quincallas o almacenes por departamentos, como la del Focsa, la de Línea y L, o la de San Lázaro e Infanta.

Una de las tres fábricas del país que confecciona las jabitas, La Plínex, ha permanecido inactiva en distintos períodos desde el 2004, hasta que quedó paralizada a partir de julio del 2010, y 145 de sus trabajadores permanecen interruptos debido a su situación económico-financiera.

Las deudas de Plínex con sus proveedores ascienden a los 8 millones en divisas, además de que su equipamiento sobrepasa los 12 años de explotación, con solo un 50 % de aprovechamiento de su capacidad productiva.

En la actualidad labora allí un total de 24 obreros, los que realizan un gran grupo de actividades, todas importantes para mantener en pie a la fábrica que ha bajado su producción de 204 millones de unidades en el 2000 a 9,8 millones en el 2010.

Nadie se explica cómo con el déficit de jabas existente, aún hay tantos revendedores ilegales en las calles. Las sencillas cuestan un peso y las de mayor tamaño dos. Cómo aparecen al alcance de los necesitados, tal parece que esta venta ilegal está propiciada por el robo en la propia entidad y por otras acciones delictivas.

No hay una explicación de por qué no hay donde tienen que haber. Las autoridades propician sus ventas ilícitas, por lo que la falta de bolsas es aparente, si bien hay quienes están en sus casas esperando que los revendedores les liquiden las ganancias por este concepto.

Así los ejemplos harían interminable este artículo donde se muestra cómo los que tienen cargos directivos parecen no ver la corrupción que ellos mismos han creado a todos los niveles, y en cada centro laboral del país.