Por: Roberto de Jesús Guerra Pérez, del Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS)
La Habana, Cuba-13 de mayo-El Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cubana, arreció desde el martes una nueva campaña contra el Centro de Información del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba (CRDHC), por declarar a dos integrantes, supuestamente ilegales en la capital cubana, los cuales pueden ser deportados y multados con altísimas multas.
Agentes del DSE y de la PNR amenazaron con furia al abogado invidente Juan Carlos González Leiva y a Tania Maceda Guerra, ambos periodista independientes e integrantes del Centro de Información, “con ponernos una multa de 4, 500 pesos (moneda nacional) y deportarnos a Ciego de Ávila, nuestra ciudad de origen”, dijo el martes Juan Carlos González, el cual ocupa también el cargo de Secretario General del CRDHC.
El Centro de Información del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, es una Agencia que realiza reportes de la situación de violaciones a los derechos humanos en la isla cometidas por las autoridades cubana, y que puso en manos de las Naciones Unidas a principio de año un informe que fue tomado en cuenta en el Examen Periódico Universal donde se reportan más de 100 reos muertos en 21 prisión cubana, y alrededor de 1, 200 arrestos arbitrarios contra activistas de derechos humanos en toda la isla por parte de la policía política en el año 2008.
Juan Carlos González Leiva (abogado invidente) y Tania Maceda Guerra, se hospedan en el domicilio de Sergio Díaz Larrastegui, también invidente y profesor de inglés que es donde radica el Centro de Información, bajo el consentimiento de este último, ubicado en la calle Mayía Rodríguez, edificio 459 apartamentos 305 e/t Carmen y Patrocinio, La Víbora, Municipio 10 de Octubre, Ciudad de la Habana.
Larrastegui, fue amenazado también con ser multado por alojar a los periodistas independientes, los cuales la policía política ha declarado en complot con otros departamentos oficiales, por encontrarse ilegales en la capital. “Todo se debe a que no quise colaborar con el DSE y organizaciones de masa que querían poner escuchas en mi apartamento.”
En las reflexiones de esta semana, el convaleciente Fidel Castro, arremetió contra aquellas personas que son críticos de su régimen (periodistas Independientes), y aclaró sancionar a los que difunden información ilegal desde la isla a medios extranjeros, los que califica de mercenarios asalariados del gobierno de los Estados Unidos. El mismo Fidel, lanzó el decreto Ley 88, conocido como Mordaza, por la que fueron procesados 75 disidentes en marzo del 2003 y condenados hasta 28 años de cárcel, entre ellos 25 periodistas y 17 bibliotecarios independientes.
“La represión se ha recrudecido contra todos los que colaboraron en el informe, y espero que ésta nueva campaña se extienda”, expresó González Leiva, quien a finales del año 2008 fue “expulsado por orden del DSE de una vivienda alquilada en el municipio Centro Habana, donde radicaba el Centro de Información en aquel entonces.”
Líderes de Grupos opositores alertaron ayer en una pequeña reunión en la capital, “que la campaña del convaleciente responde a nuevos encarcelamientos de opositores, activistas de derechos humanos y líderes de grupos, pues éste crece por días y hasta ciudadanos simpatizantes de los Castros disienten del sistema,” dijo uno de los reunidos.
Un Corresponsal del Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS) en la provincia de Guantánamo, Enyor Díaz Allen, fue encarcelado el 3 de mayo, día en que se celebró el Día Internacional de la Libertad de Expresión en el mundo, bajo una acusación de desacato y condenado a un año de cárcel, “ya se encuentra en la Prisión Paso de Cuba, ubicada 12 kilómetros de la ciudad de Baracoa, carretera a Imías”, declaró Rolando Rodríguez Lobaina, líder en la provincia de Guantánamo del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia.
Otros dos comunicadores, Antonio Arias, Foto reportero, y Sandra Guerra, Foto reportera del CIHPRESS, se encuentran bajo la amenaza de ser llevado ante los tribunales de la justicia por disentir del gobierno castrista después de haber sufrido varios arrestos e interrogatorios y persecución acelerada en este año.
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