jueves, 25 de marzo de 2010

Cuando la justicia no sirve al pueblo

Por el comunicador comunitario Lázaro Yuri Valle Roca.

El día 17 de marzo de 2010 llegó a mi casa Mijaíl García García, el cual visiblemente preocupado e iracundo viajó hasta la Habana, para exponerme su testimonio sobre la situación tan delicada por la que está pasando. Él vive en el municipio de Varadero, provincia de Matanzas, en la calle 1 A, número 111, entre 1ª y Final, barrio de Santa Marta.

En su casa se presentaron el día 21de junio de 2009, los instructores de LACRA (se encarga de reprimir a proxenetas y prostitutas) perteneciente al DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) nombrados Pedroso y María Regla, y le efectuaron un registro basándose en la declaración de dos muchachas llamadas Suriana Souza Herrera y Yunia Arabella Herrera, primas y residentes en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas; las que fueron detenidas a altas horas de la noche, deambulando por las calles de Varadero.

En el momento de su detención alegaron haber estado alquiladas en la vivienda de la mamá de Mijaíl con turistas, (sin estar acompañadas de ellos en su captura) y después en el juicio, negaron conocer a su madre, ni siquiera fueron capaces de describir la vivienda, afirmando que sólo habían estado una vez, y que el alquiler fue para pasar toda la noche, ya que ninguna de ellas era del municipio. También negaron haber visto en algún momento el pago realizado por los supuestos turistas.

Desde ese momento, su mamá Dalia García García, de 57 años de edad, queda detenida durante 7 días. Pasado ese tiempo le imponen una fianza de 5000 pesos moneda nacional, y le inician un proceso penal acusándola de proxenetismo y trata de personas; además, otra multa de 1500 cuc y la aplicación del Decreto Ley 232 que incluyó el decomiso de la vivienda.

Es de significar que a la señora Dalia nunca se le había llamado la atención por mal comportamiento, no tiene antecedentes penales; tampoco ha sido sometida a trabajo profiláctico, además es una persona que mantiene una adecuada conducta social, madre, abuela, esposa intachable y preservadora de una familia, Dalia presenta un cuadro de hipertensión arterial y una colitis ulcerativa crónica del colon.

A pesar de tener todos estos elementos de juicio a su favor, y problemas de salud, sin habérsele demostrado el delito cometido, es sentenciada a 6 años de privación de libertad. Además notificado el decomiso de su vivienda, con un plazo límite de una semana para abandonar el inmueble, que se cumple el lunes 22 de marzo de 2010; sin importarles que existe una apelación en curso.

Un funcionario de la vivienda respondió que eso no importaba, porque de todas maneras perderían la casa; dijo esto con arrogancia y prepotencia. Tampoco les importó que la otra mitad de la vivienda pertenece a su hijo Mijaíl, y que ese terreno donde ellos fabricaron su casa -con esfuerzo propio- fue heredado de su abuelo materno, quien tenía varias propiedades antes de 1959, perdiéndolas todas en la expropiación, le quedó este terreno solamente, que después de tener levantada la mitad de la casa, la Delegada del Poder Popular le comunicó que tenían que dejar ese terreno, y le darían otro en proporciones más pequeñas y que tuvieron que pagar además.

Después de ser sacados para el otro lugar, el que ellos dejaron lo cogieron los dirigentes de Varadero para hacer sus casas allí, entre ellos, la misma Delegada que le comunicó el cambio a la fuerza.

“Estoy seguro -me expresa Mijaíl denotando dolor y tristeza en su rostro- que mi mamá no es culpable de los cargos imputados, de lo contrario, el Tribunal no basaría su veredicto en el empleo de elementos falsos, que sólo confirman la arbitrariedad con que la han procesado. Ahora me pregunto ¿cómo es posible que internacionalmente censuremos la falsedad con que han sido juzgados los 5 héroes y justo aquí, en una sociedad defensora de la verdad se valgan de mentiras y engaños para imponer sus medidas?”

“Cuando altos funcionarios del Estado como Carlos Lage Dávila y Felipe Pérez Roque, en un caso de significativa relevancia, que trajo como consecuencia pérdidas millonarias a la economía de nuestro pueblo, la única medida dada a conocer públicamente, fue la destitución del cargo que ocupaban, al comparar estos hechos, con la sanción impuesta a mi madre, es realmente severa y la ley literalmente hablando no solo es ciega, también ha sido injusta”.

“Por el momento he decidido no salir de mi casa cuando vayan a desalojarnos, al menos de manera pacífica, ya que me apoyo en la frase de nuestro apóstol José Martí cuando expresó: “Que no hay muerte más digna que la de morir luchando por lo que es de uno, pues nadie tiene el derecho de arrebatarnos lo que ya es nuestro”.

He tomado esta determinación, debido a que no tengo a donde más acudir, ni a quien dirigirme, ni veo solución a mi problema, como yo, hay 13 familias más en Varadero, en espera de ser desalojados arbitrariamente. Es difícil después de trabajar tanto construyendo tu casa, te la vengan a quitar de esa manera, además, ya estoy marcado por esta situación, porque hasta mi trabajo en el Bodegón Criollo, de la firma Palmares, he perdido.

Contamos con varios documentos probatorios del suceso como son: carta de Mijaíl de su puño y letra; contrato hecho con el abogado Jesús Lauro Riaño Ibáñez de los Bufetes Colectivos del Recurso de Casación; Sentencia número 20 del 2010 de la Sala 5ta. de lo Penal de Varadero.


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